Al suroeste del país se libra una guerra desde hace una semana. Las consecuencias más inmediatas incluyen el desplazamiento de 1.427 familias con 1.787 niños, niñas y adolescentes de Apure. Son los datos que ofreció el 28 de marzo la Alcaldía de Arauquita (Colombia), ente que adaptó una cancha deportiva para atenderlos. Ahora estos niños y sus familias tienen necesidad de protección internacional, siendo el estatus de refugiados el mecanismos idóneo de acuerdo al derecho internacional.

Desde el 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) intenta desmovilizar a grupos irregulares, ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que se encontraban en territorio venezolano, al suroeste del estado Apure. Se han reportado al menos ocho enfrentamientos en La Victoria, capital de la parroquia Urdaneta; además de requisas, destrozos y detenciones arbitrarias contra los lugareños venezolanos, por parte de los uniformados venezolanos. 

“Esto tiene mucho peligro. Sale uno y la guardia lo mira y vienen por nosotros. Corremos peligro. Nosotros estábamos jugando en la calle. Llega la guardia y dice la guardia que nos metiéramos a la casa. Me meto, normal; pero cuando escuchamos el tiroteo me metí asustado detrás de una nevera. No quería salir de ahí, pero mi mamá nos sacó. Había un carro tanque en la calle y los guardias entraban de casa en casa. Cuando escuchamos que le pegaban a la gente salimos corriendo para acá”. Estas son las palabras de un niño de 10 de edad, que hoy se encuentra en el refugio de Arauquita, fuera de su país. Su testimonio quedó registrado en un video de NTN24 Colombia en el que se advierte que el niño tiene miedo de decir de dónde viene y cuál es nombre. Teme que agredan a su papá y hermana menor, que siguen en Apure.

Hasta el momento las poblaciones afectadas por los enfrentamientos son: La Victoria, El Ripial, Santa Rosa, La Charca, Los Arenales. Todas ellas pertenecen al municipio Páez, en el que habitan 130.000 personas de acuerdo al censo de 2001 (último dato del Instituto Nacional de Estadísticas). 

En El Ripial, funcionarios policiales mataron a cinco personas. Fudaredes, organización que hace seguimiento a los conflictos en frontera, denunció que la muerte de cinco personas fue una ejecución extrajudicial, miembros de una familia: Ehiner Anzola Villamizar(20), Emilio Ramírez Villamizar (41), Jefferson Uriel Remolina Ramirez (20) y Luzdey Remolina (40). Señalan como responsables a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), policías venezolanos, que fueron trasladados a Apure como refuerzo a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Entraron a su casa y se los llevaron. Hacían eso con toda las familias de ese sector. A todos los regresaron con vida. Mi familia lamentablemente amanecieron tirados y solamente me queda pedir justicia por mi familia. Porque ellos no eran ningunos guerrilleros. Era gente trabajadora y gente de bien”, manifestó Raiza Remolina, familiar de los asesinados en El Ripial el 25 de marzo, en un video difundido por Fundaredes.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó el 27 de marzo que seis supuestos terroristas habían muerto en los enfrentamientos; sin embargo la versión de Raiza es diferente. El ministro también dijo  que fueron presentados ante el Tribunal Militar 14 de Control 27 personas y quedan por procesar 12 detenidos más. Hasta ese momento, 20 militares habían sido heridos como resultado del operativo en Apure, además de los dos fallecidos el 21 de marzo.

Sede de la GNB en La Victoria (23 de marzo)

Fuente: Fundaredes

Casa de La Victoria (25 de marzo)

Fuente: Fundaredes

Casa de La Victoria (25 de marzo)

Fuente: Fundaredes

Casa de La Victoria (25 de marzo)

Fuente: Fundaredes

Patrullaje FANB por La Victoria

Fuente: Fundaredes

Venezolanos huyendo a Colombia
(26 de marzo)

Fuente: Fundaredes

Punto de control de la GNB en La Charca
(28 de marzo)

Fuente: Fundaredes

Una invasión silenciosa

Reportes de Insight Crime señalan que desde 2016 los grupos disidentes de las Farc se establecieron en el país -antes solo lo usaban como escondite-. Ahora usan el territorio venezolano como centro para organizar su negocio ilícito: tráfico de droga. Esto significa que conviven con los venezolanos: comercializan gasolina y comida, promueven actividades ideológicas y mantienen un reclutamiento forzado de venezolanos, incluyendo adolescentes y mujeres. 

Al sur del país, en Apure, la población se caracteriza por la actividad agrícola y pesquera. Específicamente los habitantes de La Victoria viven del comercio de esos productos, pues a menos de 30 minutos en canoa (embarcación pequeña) por el Río Arauca, llegan a Colombia.

“Había mucha delincuencia. Te robaban a cada rato. Por ejemplo, piezas de las motos. Entonces uno perdía la moto, porque no podía comprar las piezas. Era eso o comer”, comentó Luis, un habitante de la La Victoria que desde hace 10 años se mudó a San Fernando de Apure (capital del Estado). 

El testimonio de Luis señala parte del abandono que sufren las poblaciones al sur del país. Hambre, escasez de combustible, falta de atención médica: ausencia de Estado. “Allá la gente vive de lo que puede producir. La ayuda del gobierno a veces llega con las cajas Clap. ¿Policía? No. Eso no se ve. Pero desde que los guerrillos llegaron poco pasa algo, porque ellos matan a los ladrones”, agregó Luis.

Ronna Rísquez, periodista especializada en delincuencia e investigación, explica que debido a la falta de instituciones efectivas en la zona —y en algunos casos a posible complicidad—, la disidencia de las Farc pudo apropiarse fácilmente del poder social, usando la violencia para ello. 

“Ellos tienen poder armado, con lo que controlan las pistas de aterrizaje y los caminos para traficar la droga. También controlan la convivencia de las personas, que se ven obligadas a involucrarse de una u otra forma con los grupos armados. Algunos les pasan información o les venden sus productos o les guardan cosas; otros forman parte activa de los campamentos”, expuso en una entrevista a la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA).

Marcados por las armas

El lenguaje bélico es una realidad adoptada por los habitantes de la parroquia Urdaneta. Grupo guerrillero, carro tanque, campamento de guerrillos, escopetas, recluta, minas, bombardeo. Son palabras que de cuando en cuando suelta Luis.

“El reclutamiento (de venezolanos) por estos grupos es real. He entrevistado a exguerrilleros que son venezolanos. Esto no es nuevo, lo que sí es nuevo son los intentos de reclutamiento de migrantes venezolanos dentro de Colombia”, aseguró Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, en un foro organizado por Runrunes el 29 de marzo.

Rísquez amplió esta información a la Agencia PANA y detalló que los campamentos de la disidencia de las Farc se encuentran a pocos minutos de los poblados venezolanos. En los campamentos más grandes hay alrededor de 300 personas, muchos de ellos venezolanos reclutados.

“Sí, vi adolescentes. Ellos son los que hacen la comida, limpian el campamento, recogen las cosas. Son como una especie de asistentes. A las adolescentes mujeres también las obligan a tener sexo con los jefes. Son abusadas y son tratadas como objetos sexuales”, dijo Rísquez.

La periodista señaló que la seducción de los adolescentes para sumarlos a las filas de los grupos armados pasa por el ofrecimiento de ayudas económicas. En ocasiones, se les asegura que recibirán comida y salarios mensuales; también que enviarán dinero a sus familias. Esto no se cumple, sino que eventualmente les giran entre 100.000 y 200.000 pesos colombianos; por ejemplo, cada dos o tres meses.

“Tanto adultos como adolescentes, una vez que llegan al campamento pierden contacto con la familia. Ellos dicen que el reclutamiento es voluntario, pero en realidad es producto del aprovechamiento de las vulnerabilidades de la población”, sentenció Rísquez.