Organizaciones advierten que educación y acceso a la salud sexual para adolescentes son obligatorias

Venezuela en Emergencia Embarazo en adolescentes: una crisis desatendida. Así fue llamado el encuentro promovido por el Observatorio Social Humanitario, este 21 de abril. En el espacio virtual se reflexionó sobre las políticas públicas para atender el derecho a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

Mercedes Muñoz, directora de Avesa, Nelmary Díaz, gerente de programas de Plafam, y Venus Faddoul de 100% Estrógeno fueron parte de las panelistas. Ellas se pasearon por las experiencias que han conocido por su trabajo social con las poblaciones vulnerables y pudieron dar un panorama de cómo en Venezuela se trabaja este derecho. Un común denominador de las ponentes fue a falta de políticas públicas claras y acordes con estándares internacionales.

«Tenemos una educación sexual negativa y llena de tabúes. Los adolescentes dicen que no han recibido educación sexual y que no se habla de masturbación y otros temas similares. Actualmente, con la emergencia humanitaria compleja, se incrementa mucho lo que tiene que ver con el embarazo en adolescentes», dijo Nelmary Díaz, representante de Plafam.

Venezuela es la tercera nación con mayor tasa de embarazos tempranos en el continente, con 95 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años, según el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Pese a esta realidad, el Observatorio Social Humanitario recordó que en 2020 el mandatario Nicolás Maduro insistió en que todas las mujeres debían tener seis hijos, en un acto público: «¡A parir, pues, a parir! Que crezca la patria».

«El Estado no debe decirles a las mujeres qué hacer con su vida sexual y reproductiva, eso va en contra de sus derechos a decidir», aclaró Mercedes Muñoz educadora, psicoterapeuta y directora de Avesa. Señaló que este discurso desde el Poder Ejecutivo da cuenta de cómo las mujeres están condicionadas a ser madres, por tanto las adolescentes entienden esto como una obligación de la feminidad. A esto se le suman la escasez de anticonceptivos, el limitado acceso a la información y la estructura machista de las instituciones. El resultado: permanente aumento de embarazos en adolescentes.

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Según el artículo 50 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopnna): «Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados, de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos».

En relación a la escasez de anticonceptivos, la representante de Plafam mencionó que para febrero de 2022 era del 62,6 % en todo el país, de acuerdo con datos de la organización Convite. Agregó que en Plafam más del 54 % de las personas que atienden son adolescentes  y que sobre todo buscan métodos anticonceptivos. Así que para ella, garantizar la salud sexual de los adolescentes no pasa solo por dar información sino también por brindarles acceso a estos mecanismos de prevención de embarazos y enfermedades.

«Aquí esta la Constitución, aquí esta el artículo 50 de la Lopnna. Esto no tiene que ser una lucha solo de nosotras, sino de todo el mundo. Todo el mundo es sexual, porque todos se reproducen. Si faltan anticonceptivos, te afecta; cuando no hay pruebas para el VIH, nos afecta. No son secretos, es parte de lo que somos» apuntó la directora de Avesa.

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Siete acciones para poner en práctica el artículo 50

1. Formar para una decisión consciente. Según Díaz, los adultos se alarman cuando ven que una adolescente tuvo sexo consensuado. «Hay que recordar que ellos son tomadores de decisiones», recalcó. En ese sentido, invitó a los padres a promover en sus hijos el empoderamiento a partir de la información veraz, la autonomía y la toma de decisiones consciente en riesgos. 

2. Más que anticoncepción. Para la representante de Plafam la educación sexual no debe limitarse a hablar de la anticoncepción o las enfermedades de transmisión. También se debe fomentar la discusión sobre «el placer, el decir que no, decidir con quién y cuando».

3. Empezar por la escuela. «En Venezuela hay recursos humanos y económicos para implementar esas políticas educativas. El Estado venezolano debe contratar un equipo multidisciplinario médico, psicólogo, psicopedagogos, orientadores y sexólogos para cada institución educativa. Así se puede garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, dar acceso a la información y control y evitar un embarazo no deseado», aseveró Muñoz.

4. Acceso gratuito y no discriminatorio. Díaz contó de experiencias en las que hay chicas que van a los 14 años de edad a un centro de salud  y no las atienden si no están con su representante. Recordó que nuestras leyes determinan que a partir de los 14 años los y las adolescentes pueden acudir de manera individual y sin padres a una consulta ginecológica o informativa. Forma parte de su derecho a la privacidad.

5. Una política homogénea. «Un colegio que limita a los profesores hablar del tema, es una violación. Vemos que cada quien decide cómo trabajar el tema», enfatizó Muñoz durante su ponencia. También relató el episodio en el que se le negó un servicio de salud a su nieta de 15 años: «Ella quería colocarse un implante. Le pidieron una prueba de embarazo para hacer el tratamiento anticonceptivo. En la clínica donde quería hacerse el examen no la dejaron practicarse la evaluación porque no atendían a menores de edad».

6. Leyes sin huecos. La abogada Faddoul explicó que la Lopnna protege el derecho a decidir, a estar informado y educarse en el ámbito de la salud sexual. También contempla el derecho al resguardo de su vida privada y respetar su libre consentimiento, basado en una información oportuna y veraz. Pero asegura que en la práctica hay vacíos legales que ponen en riesgo estos derechos y la vida de los adolescentes. Uno de ellos es lo referente al aborto. «Hasta que no se entienda que los adolescentes tienen sexo, será una tragedia para ambos. Pero a quien le cae el tintero, es a quien le va a tocar parir», agregó.

7. Cifras públicas. «No hay cifras, no hay interés en que estas cosas se sepan. Para las organizaciones sociales las cifras están donde las podemos recoger y son fragmentadas, pero son parte de una realidad que esta allí», sentenció Muñoz.

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