Venezuela estuvo bajo la lupa del sistema de Naciones Unidas. Entre el 10 y el 11 de octubre el Estado venezolano fue evaluado por quinta vez en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las medidas que ha implementado para cumplir y progresar con las obligaciones de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Tres cuestionamientos sobre los derechos de la niñez y adolescencia fueron expuestos como preocupación del comité: retardo en la entrega de documentos de identificación, casos de explotación infantil en el estado Bolívar y medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos.  

Un punto adicional se agrega a esta lista: la violencia contra la mujer y medidas para prevenirla y atenderla; aunque no se hizo énfasis en las agresiones que sufren las niñas y las adolescentes.

Minería que explota

Hernán Quezada, miembro del Comité de DDHH de la ONU, increpó al Estado venezolano sobre las medidas que está tomando para poner término a la explotación laboral de niñas de niños niñas y adolescentes en trabajos pesados y de alto riesgo que podrían calificarse como las peores formas de trabajo infantil.

Este cuestionamiento viene dado por las denuncias recogidas por los expertos internacionales de que niños, niñas y adolescentes serían utilizados para descender varios metros al interior de la Tierra por estrechos agujeros, debido a que poseen dimensiones corporales menores que un hombre promedio. Esto facilitaría su entrada por los pequeños agujeros  a las minas. Quezada agrega que los niños y niñas estarían obligados a bajar hasta los salones o espacios para la extracción de oro así como a subir los sacos que contendrían el material primario extraído, los cuales alcanzan un peso promedio 45 a 60 kilogramos cada uno.

En 2019, Cecodap viajó hasta la zona minera del país en el estado Bolívar y pudo constatar que cerca de la mitad de las y los trabajadores de las minas en el estado Bolívar en Venezuela son menores de edad. Para ese momento, se estimaba que 200.000 personas se habían desplazado por cuenta propia para vincularse a la actividad minera, incluidos los niños y sus maestros. Entre las consecuencias de la vinculación de menores de edad a la actividad minera también se encuentra la explotación sexual de niñas y adolescentes; además de la deserción escolar.  Los hallazgos de esta investigación fueron publicadas en el informe Peligros y Vulneraciones de DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes en la Frontera y Actividades Mineras: “Detrás de cada gramo de oro guayanés en el mercado hay familias separadas, muertes violentas, enfermedades endémicas y lo peor, niños armados, niñas prostituidas, liceístas mineros y trabajo adolescente en semiesclavitud”, apuntó Cecodap en el informe.

Durante la audiencia del quinto examen, Yván Gil Pinto, ministro de Relaciones Exteriores, indicó que el arco minero del Orinoco se encuentra delimitado y reconoció que hay presencia de bandas criminales asociadas a la trata de personas y tráfico de sustancias ilícitas. Sobre la niñez y adolescencia víctima de estas situaciones no hubo mención.

Sin papeles, más riesgo

Kobauyah Tchamdja, miembra del comité, expuso uno de los factores que convierte a la niñez migrante venezolanos en presa fácil para redes de trata de personas, xenofobia y otras vulneraciones de derechos como la salud o educación: la falta de documentos de identidad.

“Que se revise los problemas que conlleva la expedición de pasaportes o documentos de identidad, lo cual incidiría en la libertad de movimiento y en el acceso a otros derechos como la salud, por ejemplo. Incluso cuando las personas ya han abandonado el país y están en el extranjero con documentos que han vencido. (Revisar) los casos de personas que han abonado el coste que supone expedir el pasaporte y cuya solicitud es descartada debido a problemas de la institución”, expuso Tchamdja. 

Agregó a su inquietud la situación de los niños y niñas nacidos en el extranjero, de padres venezolanos, que no pueden acceder al estado civil y obtener la nacionalidad venezolana debido a que los padres carecen de documentos o debido al inadecuado funcionamiento de los servicios consulares. 

El ministro Gil Pinto indicó que las sanciones han dificultado el trabajo de los consulados y su personal. Alegó que han dificultado tener información sobre venezolanos en el exterior, según el diplomático venezolano, las sanciones también han impedido la compra del papel para imprimir los documentos de identidad.

Además, el alto funcionario aseguró que en Venezuela hay 100% de cobertura en la entrega de documentos de identidad, con excepción de los países donde se les impide tener consulados.

Hasta el año 2014 el trámite para expedir el pasaporte a niños, niñas y adolescentes era totalmente gratuito, pero a mediados de ese año un Tribunal Constitucional modificó la Ley de Timbres Fiscales eliminando la exoneración de pago de tasas para niños, niñas y adolescentes y adultos mayores. A partir de esto, se aplicó una tarifa que sería el inicio de un aumento considerable y progresivo en el costo del documento. 

Desde el año 2015, Cecodap inició acciones legales ante la obligatoriedad del pago del pasaporte para niños, niñas y adolescentes. Tras años de silencio, en 2023 el Tribunal Supremo de Justicia declaró que se dejaba sin efecto el proceso por “pérdida de interés procesal del solicitante y abandono del trámite”. «El TSJ cerró las posibilidades de que niños, niñas y adolescentes tengan un recurso para garantizar la gratuidad del derecho a la identificación. Cecodap hizo todo lo que corresponde para presentar el recurso judicial. La sentencia representa un retroceso y vulnera el derecho a la identificación, ya que coloca en estado de indefensión a niños, niñas y adolescentes que no pueden pagar el pasaporte», dijo Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap el 7 de junio cuando anunció que la organización volvió a introducir un recurso en el TSJ para exigir respuesta.

La pregunta de Hernán Quezada, miembro del comité, quedó en el aire: “¿Cuáles acciones se han tomado para prevenir la falta de partidas de nacimiento?”.

Sexualidad integral en silencio 

¿Cuáles programas de educación sexual para niños y adolescentes hay en Venezuela?, ¿han tomado medidas para incrementar la edad para contraer matrimonio de 16 a 18 años?, ¿hay acciones para brindar apoyo a las mujeres sometidas a esterilización forzada, pues la esterilización  debe ser realizada bajo consentimiento previo e informado, en especial en mujeres y adolescentes vulnerables?.

Silencio del Estado.

Una tímida aclaratoria sobre estos cuestionamientos la dio Edgar Toro, de Consejo Nacional de Derechos Humanos (Venezuela), quien aseguró que en 2021 se aprobó una ley contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes,  en la que se establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. El punto fue refutado por Hernán Quezada (miembro del Comité): “En la nueva ley (mencionada por la delegación), la edad mínima para contraer matrimonio sigue siendo 16 años (no 18 como recomendó el Comité), solo se agrega la necesidad de una autorización por parte de los padres”.

Mercedes Muñoz,  magíster en Psicología del Desarrollo Humano y tiene 30 años de experiencia como educadora de salud sexual y reproductiva, fue consultada por Prodavinci para un reportaje sobre el tema. Allí advirtió que la sociedad debe superar “el enfoque moralista”, que juzga a la adolescente: “Nos espantan los embarazos en la adolescencia, pero todavía en el país es legal el matrimonio desde los 16 años con autorización de la familia. Esta es una contradicción grave”.

En el mismo reportaje de Prodavinci se asegura que para 2021, se registraron 81 partos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años, según la División de Población de las Naciones Unidas. Es la tasa de natalidad en adolescentes más alta de América del Sur, seguida por las de Bolivia y Ecuador. La salud de estas adolescentes está en riesgo. Las embarazadas entre 10 y 19 años se enfrentan a riesgos más altos de eclampsia –presión arterial elevada y convulsiones durante el embarazo– e infecciones uterinas y sistémicas, en comparación con mujeres entre 20 y 24 años.

Además, Venezuela tiene la segunda puntuación más baja en prevención del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes de Latinoamérica, según el informe de Indice Fuera de las Sombras (Out of shadows), publicado este 7 de marzo por Economist Impact. “De los 60 países que se incluyen en el Índice Fuera de las sombras, Venezuela se encuentra en el puesto 47 a nivel global, con una puntuación de 43,8 sobre el máximo posible de 100. Así, Venezuela tiene la segunda puntuación más baja de entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en el informe”, se lee en el documento.