Los adolescentes en conflicto con la ley no tienen un trato especial. En algunos casos, no son separados de los presos comunes en los centros de detención preventivas (CDP) de las ciudades. Así lo informó el director de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, durante la presentación del informe anual sobre la situación de los privados de libertad en las comisarías policiales y militares.

“No hay un trato especial. Los adolescentes detenidos en los CDP viven una experiencia tan terrible como los demás presos”, puntualizó Nieto luego de explicar sobre las pocas condiciones, así como los derechos vulnerados, de los adolescentes que aún esperan por un proceso judicial justo y diferenciado.

Año tras año, Nieto Palma ha advertido que estar preso en Venezuela no solo te priva del derecho a la libertad de movimiento; sino también de los derechos como al aseo, agua, salud y a un proceso judicial.

“Hay solamente una conclusión posible: los CDP son unos depósitos de seres humanos. Hombres, mujeres y adolescentes, entre 14 y 18 años, a los que no se les garantizan la vida y la salud. No se sabe quién será la próxima persona detenida que ha de morir por tuberculosis, desnutrición o alguna otra enfermedad o por haberse fugado y morir en la llamada recaptura”, se lee en el informe.

En el informe se alertó que el Estado venezolano abandonó a las personas detenidas. Además mujeres, adolescentes y  personas de la comunidad LGBTI están en una situación de vulnerabilidad particular, que es agravada por su estadía en las CDP.

Los investigadores del UVL monitorearon 273 CDP, en 19 estado del país, durante el 2020. Detallaron que el aumento en el hacinamiento en los calabozos policiales aumentó significativamente el año pasado.

“El número de CDP con problemas de hacinamiento aumentó de 207 a 221 para el final del año, llegando al 80,95% de los 273 calabozos cubiertos por el monitoreo de Una Ventana a la Libertad en 19 estados del país”, se lee en el informe.

De acuerdo con cifras extraoficiales confirmadas por la ONG, en estos espacios estaban detenidos 22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22%), para un total de 24.218 presos, cuando el cupo total disponible en los CDP era de 7.457.

“Suspender las visitas de los familiares fue la peor medida que han podido asumir, aunque fuera por improvisación. La familia es la que alimenta, viste, lleva agua, medicamentos y demás insumos necesarios para cuidar lo suficiente la integridad física, psíquica y moral de su familiar detenido”, se lee en el informe.

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Mujeres embarazadas

Para UVL, las mujeres embarazadas no reciben atención médica adecuada a sus necesidades maternas. Tampoco tienen controles frecuentes, y, en muchos casos, no son trasladadas a un hospital para dar a luz a sus niños.

“En 273 calabozos de 19 estados del país, durante 2020, solo tres mujeres recibieron atención médica a través del personal de los centros de detención, 30 tuvieron traslados esporádicos a un control prenatal y 30 fueron llevadas a los hospitales solo al momento del parto”, explicó Magally Huggins, coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad.

El artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario, en su ordinal 10, establece que la privada de libertad tiene derecho de recibir atención médica especializada durante el período de gestación, parto y lactancia.

Muertes por enfermedad

Para UVL, la violación de los derechos de los privados de libertad en los CDP se debe, en gran medida, al limbo jurídico establecido entre el Ministerio de Servicios Penitenciarios y las policías nacionales, estadales y municipales.

Pese a las denuncias de familiares, privados de libertad y defensores de los derechos humanos, durante 2020, en el país, 208 privados de libertad fallecieron por la acción y omisión del Estado venezolano.

Del total, 143 de los cuales murieron por enfermedades. “La falta de atención médica y de prevención, que fue la principal causa de muerte entre los reclusos”, enfatizó Huggins en su intervención.

La enfermedad con más registros de muerte fue la tuberculosis, con 86 casos, seguido por la desnutrición (13 fallecidos) y enfermedades respiratorias (12).

Los casos de desnutrición se agudizaron con la pandemia de COVID-19 y el confinamiento, decretado en marzo de 2020, porque suspendieron las visitas en los calabozos y los familiares no podían entregarles los alimentos y el agua potable a los detenidos.