66 ONG exigen a la iglesia que se sancione a sacerdotes agresores sexuales de NNA

66 organizaciones no gubernamentales exigieron a las autoridades del Estado Venezolano y la Iglesia Católica que se investiguen casos de abusos sexual cometido hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sacerdotes.

La denuncia fue hecha a través de un comunicado, emitido este martes 28 de junio, luego de la publicación de un reportaje de investigación realizado por el Washington Post.

“Ante la denuncia y documentación de casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia Católica venezolana, así como de otras religiones, que han sido protegidos en complicidad de dicha institución, negando a las víctimas de estos casos el derecho a ver justicia sobre sus abusadores, las organizaciones feministas, de Derechos Humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, condenamos estos hechos y exigimos sanción a los responsables”, se lee en el comunicado.

En el comunicado, exhortaron a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) a pronunciarse, investigar y sancionar a los responsables de los casos de pederastia señalados en el artículo del Washington Post, “fijando posición con respeto a las víctimas que se encuentran afectadas psicológicamente y en situación de vulnerabilidad extrema”.

Las organizaciones también instaron al Estado Venezolano a que cumpla con la protección de los niños, niñas y adolescentes, en la atención de los casos de abuso, mediante procedimientos expeditos y efectivos, independientemente de quién sea el agresor, garantizando justicia y reparación. “Las víctimas necesitan confiar en las instituciones y saber que sus victimarios serán sancionados”, se lee en el documento.

Recordaron que el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes se encuentra tipificado como un delito en los artículos 259 y 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV). “Además, no se admite beneficios para los agresores”, se lee en el texto.

Enfatizaron que el abuso sexual se facilita por las relaciones de poder desiguales entre autoridades de la Iglesia Católica y niñez, con prácticas inaceptables que acarrean daños psicológicos y físicos.

Señalaron el caso del sacerdote Luis Alberto Mosquera, quien fue declarado culpable de abuso sexual en el año 2006, puesto en libertad en 2008 y reasignado a otra parroquia, dentro del mismo estado. “Casos como este se han repetido en Zulia, Mérida y otros estados del país, siendo los sobrevivientes de estos delitos, niños, niñas y adolescentes de sectores populares, en situación de vulnerabilidad extrema”, se agregó en el documento.

Además, enfatizaron que: “No podemos hablar de justicia si los agresores son encontrados culpables pero puestos en libertad, debido a nexos de poder entre autoridades de la Iglesia Católica y organismos de Justicia del Estado venezolano, negando así a niños, niñas y adolescentes y sus familias el acceso a la justicia”.

El rol del Estado

La organización defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia, Cecodap, también  se pronunció sobre los hallazgos hechos por el Washington Post en cuanto a los abuso sexuales cometidos por sacerdotes en la Iglesia Católica.

“Ante la documentación de casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia Católica venezolana, Cecodap reitera la importancia de investigar los hechos, el acompañamiento a las víctimas por parte del Estado y la sanción a los responsables”, se lee en el comunicado publicado en la red social  Twitter.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, recordó que: “La violencia sexual constituye una grave vulneración a los derechos del niño; Sea un sacerdote, docente, padre, madre o cualquier adulto se debe sancionar a partir de una investigación expedita y efectiva. Silenciar, ocultar o no denunciar contribuye a la impunidad”.

Cecodap también advirtió que la desinformación, el miedo a las represalias y la revictimización son obstáculos que contribuyen a que siga existiendo la impunidad en el país. “Recordamos que la ley prioriza la atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y no admite beneficios para los agresores. El Estado debe implementar procedimientos expeditos y efectivos, independientemente de quién sea el agresor”, señaló.

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