Los primeros días de febrero de este año guardarán en su memoria el martirio de dos bebés en el estado Táchira. El primero de 11 meses sufrió un paro respiratorio en el Hospital Central de San Cristóbal el 3 de febrero. Su cuerpo dio testimonio de las violencias de las que fue objeto, incluyendo actos lascivos. Su hermano de 3 años sobrevivió y está bajo la protección de una entidad.

Dos días después, una bebé de dos meses fallece con un cuadro de desnutrición severa. Se evidencia que la madre adolescente (17) a su vez fue víctima de abuso sexual incestuosa por parte de su padre, quien resulta ser el progenitor de la bebé fallecida.

Son dos casos, dos historias de la violencia silenciada; pero no los únicos. Lamentablemente se repiten a lo largo y ancho del país las historias de niñas y niños que padecen crueles maltratos. La pandemia se ensaña con ellos haciendo más propicio el aislamiento, dificultando la búsqueda de apoyo y la respuesta institucional.

El 1º de diciembre de 2011, Dayan González (5 años) perdió la vida por los maltratos y torturas de las personas que tendrían que haberle garantizado la vida y su protección. Después de su muerte, muchos expresaron que sabían que el niño era víctima de la violencia y abusos por los morados y cicatrices que mostraban su cuerpo. El silencio cómplice se encontró entre los principales culpables en el homicidio del “niño de Guanare”, como quedó grabado en el imaginario colectivo.

A tres años del martirio de Dayan, desde Cecodap advertíamos sobre la resistencia a denunciar, la deficiencia en la preparación del personal del sistema de protección del niño, niña y adolescente y de otros órganos públicos y policiales, la carencia de respuesta oportuna y efectiva y la impunidad en los casos denunciados.

Hoy, a casi 10 años de la muerte violenta de Dayan, debemos decir que la emergencia humanitaria compleja y la pandemia se han potenciado para aumentar el grado de desprotección de la niñez.

No podemos ver los casos que se van sucediendo como hechos aislados, fruto de la fatalidad ante los que nada se puede hacer. Más que nunca debemos insistir en que:

• Fortalecer los mecanismos de denuncia, garantizar la confidencialidad y protección de los denunciantes y de las víctimas, contar con un formato único de denuncias y un protocolo de actuación.
• Promover las denuncias de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes a fin de romper con la cultura del silencio, complicidad, omisión e impunidad.
• Contar con un sistema de nacional de información público, actualizado sobre la situación de los niños víctimas de diferentes formas de violencia.
  Implementar planes de formación permanentes y pertinentes de los funcionarios para la actuación en casos de violencia (defensores, consejeros, fiscales, médicos, policías).
• Articular los diferentes entes que forman el Sistema Nacional de Protección para que funcione de forma orgánica y garantice todos los derechos de todos los niños sin discriminación de ningún tipo.
• Implementar políticas públicas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en la prevención e intervención en casos de maltratos y abusos con programas y servicios suficientes y eficientes.
• Incluir en la formación universitaria la prevención y atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
• Sensibilizar y formar a la sociedad para la prevención del castigo físico, humillante, maltrato y abuso en los distintos ámbitos (familia, comunidad, escuela).
• Fortalecer los servicios, incluidos los servicios forenses, en relación con la protección de los derechos de los niños víctimas de abuso y explotación sexual, proporcionando personal especializado entrenado con regularidad, protocolos, infraestructura y equipos técnicos cuando sea necesario;

Iniciamos este 2021 y la historia de Dayan se sigue repitiendo. No hemos aprendido la lección.

Publicado en Efecto Cocuyo.