Abuso sexual y maltrato infantil. Estigmatización. Privación de su núcleo familiar. Estas son las tres violencias que se esconden detrás del caso de las adolescentes desaparecidas en Ruperto Lugo, que se hizo reconocido gracias a las denuncias en redes sociales.

Durante una semana, las adolescentes mujeres (15 y 13 años de edad) fueron tendencia, luego de salir de su hogar en Ruperto Lugo, Catia (Distrito Capital). Sus parientes no supieron más de ellas. Después de ser ubicadas, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, publicó en su cuenta oficial de Instagram detalles sobre el posible abuso físico, psicológico y sexual que sufrieron ambas adolescentes, por parte de sus cuidadores. Agregó al mensaje fotos y la identidad de los presuntos victimarios, todos familiares de las chicas.

La revictimización en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes no tiene un solo actor. Con la publicación de sus fotos o poner en duda la versión de las víctimas se puede hacer daño a una víctima; incluso sin evaluar el panorama socioeconómico de los afectados en el marco de un proceso de investigación penal y de protección.

Especialistas en la protección de los niños, niñas y adolescentes indicaron que, en el caso de las adolescentes de Ruperto Lugo hay consideraciones que debieron tomarse antes de proceder a divulgar detalles sobre el caso.

Para Angeyeimar Gil, trabajadora social e investigadora de la Red de Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes (Redhnna), ambas adolescentes se vieron expuestas a la estigmatización social una vez que los funcionarios policiales explicaron que habían sido víctimas de abuso sexual y maltrato, además de identificar a sus cuidadores como culpables. Al dar los nombres de sus familiares, automáticamente se revela el nombre de las víctimas. Por eso, Gil asegura que hubo una revictimización por parte del Estado venezolano, a través de sus organismos de seguridad.

Agregó en el marco de un procedimiento policial es cuestionable los contenidos y la forma de dar información oficial sobre este caso por parte del comisario general Douglas Rico, no fue la adecuada. “El Cicpc debió resguardar la imagen, el honor y la dignidad de las víctimas y ser más ambiguos con la información que publicaron. Es decir, intentar no dar luces sobre la identidad de las adolescentes”, sostuvo Gil.

Enfatizó que el proceder del Cicpc pareciera responder a su necesidad de mostrar eficacia en su actuación. “Habría que hacer un llamado al Cicpc. Debieron hacer un análisis de fondo o social. Perfectamente cualquier familiar de las adolescentes pudiera denunciar al Cicpc por exponer la confidencialidad de las víctimas y dejarlas en una situación de mayor vulnerabilidad”, agregó Gil.

Estigmatización de las víctimas

La publicación hecha por el Cicpc viola lo descrito en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), en la que se establecen los principios de protección del honor, la reputación, y la dignidad de la niñez en Venezuela.

“…Está prohibido exponer o divulgar, por cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los nilos, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, salvo la autorización judicial fundada en razones de seguridad u orden público”, se lee en la ley.

Difundir de los nombres de los detenidos, el lugar del delito y el crimen fue una espada de Damocles en las espalda de las adolescentes afectadas. Ahora no solo se ven vulnerables por la violencia a la que fueron expuestas (según determinó el Cicpc), sino también por el estigma social alrededor del abuso sexual.

“La máxima de protección de la Lopnna aplica para todo el mundo. También para el Estado. Al dar ese tipo de datos se las somete a juicios, a descalificaciones, a conjeturas. Esto genera una carga adicional a las adolescentes. Es un impacto emocional que es difícil de tratar”, explicó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.

El abogado aseveró que si bien el Cicpc no informó los nombres de las víctimas sí detalló los hechos, la identidad de los victimarios (en este caso cuidadores de las adolescentes); así como el lugar de los hechos. Todo esto contribuye a conectar con la identidad de las adolescentes, cuyas imágenes colapsaron las redes sociales y medios de comunicación del país, una semana antes de la publicación del Cicpc.

Para la organización internacional Save the Children, la victimización primaria es una consecuencia derivada de un delito. La persona siente que son vulnerados sus derechos como persona y por ello asume el rol de víctima. Mientras que la victimización secundaria (o revictimización) es la respuesta que da el sistema a una víctima. «Esta respuesta hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima. Esta vez no es sólo víctima de un delito, si no de la incomprensión del sistema”, enfatizó la organización defensora de los derechos de los niños.

Niñez dejada atrás

Una de las dos adolescentes estaba al cuidado de su abuela, luego de que su madre emigrara del país por la emergencia humanitaria compleja. Ella era, presuntamente, víctima de maltratos por parte de su cuidadora.

La niñez dejada atrás es un fenómeno que se incrementa en el país. Se trata de niños que quedan sin el cuidado de sus padres debido a la migración. En el caso de Venezuela, esta migración es forzada. De acuerdo con informes de Cecodap sobre el tema, en el país los niños dejados atrás quedan al cuidado de sus abuelas, tíos o hermanos.

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En el informe de 2019 sobre la niñez dejada atrás, Cecodap advierte que al menos 50% de los niños cuyos padres migran permanecen bajo el cuidado de abuelos que no cuentan con la misma energía, y mucho menos, conocen de nuevos métodos para la conducción de los menores.

A esta realidad se le suma el contexto de la cuarentena social, consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Durante un año los estudiantes dejaron de asistir a clases presenciales, por lo que están expuestos a la violencia dentro del hogar.

“Hay muchos problemas como sociedad, porque en una situación regular, sin pandemia, esa adolescente estaría yendo a su liceo y podría acceder a una forma de denunciar el maltrato al que está expuesta. Por ejemplo, en su colegio. Sin embargo, durante la pandemia, podemos afirmar que no hay, en el ámbito comunitario, quien haga el trabajo de prevención en casos de violencia intrafamiliar”, señaló la investigadora Gil.

Manifestó que en todos los casos, pero en especial cuando quedan al cuidado de otro familiar, los niños deberían poder acceder a los sistemas de protección y denunciar el caso; sobre todo si sus padres en el exterior están en conocimiento de la situación de maltrato y no hacen nada.

“Aquí la meta en relación a las adolescentes es atenderlas, protegerlas y brindarles atención psicológica. No solo se trata de sancionar a los responsables”, señaló Gil.

Privación del medio familiar

Según la información policial, conocida por la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez (Agencia PANA) de Cecodap, ambas adolescentes podrían quedar al cuidado de entidades de atención para NNA. Estas son instituciones que fungen como hogares temporales y son auspiciadas por el Estado.

La medida de abrigo es una decisión  que puede tomar el Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)  debido a que las adolescentes fueron víctimas de sus cuidadores. Sin embargo, para llegar a una decisión como ésta se debe evaluar el panorama completo para evitar mayores daños. Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, advirtió que con una decisión así las adolescentes podrían sufrir el despojo de su medio familiar; además de haber sido víctimas de violencia y estigmatización.

“Sería bueno que las autoridades del sistema de protección de NNA puedan identificar a la familia extendida. Eso es fundamental para preservar el medio familiar. Sin embargo, los programas en Venezuela son precarios y el Estado no tiene los mecanismos suficientes para encontrar a todos los miembros de las víctimas o buscarles una familia sustituta. Muchas veces los adolescentes quedan a su suerte en entidades de atención. Esta es la consecuencia de tener un sistema de protección tan frágil”, señaló.

La investigadora de la Redhnna coincidió con Trapani y recordó que las entidades de atención públicas para adolescentes están en muy malas condiciones. «Se encuentran hacinadas y con poca inversión por parte del Estado. Además no existen entidades de atención privadas para adolescentes. Con la privación del medio familiar, en los casos en donde las víctimas fueron violentadas por sus cuidadores, los adolescentes quedan en una situación de vulnerabilidad mayor”, agregó.

Denunciar es una forma de proteger

En Venezuela existen diferentes organismos públicos en donde las personas pueden denunciar casos de violencia, maltrato o abuso (físico y sexual) infantil. El derecho y la responsabilidad de denunciar este tipo de agresiones contra la niñez es de todas las personas, familias, comunidades y profesionales.

Cecodap recuerda que se tiene el deber de denunciar en el caso de que un médico, docente o trabajadores de una defensoría o entidad de atención que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento una situación de violencia contra un niño. Se configura el delito de comisión por omisión si alguna de las personas no realiza una denuncia.

“El NNA tiene derecho a defender sus derechos y por ende la denuncia también puede ser realizada por el mismo niño, niña o adolescente. Este debe ser escuchado y asistido. La edad, el sexo o cualquier otra condición no puede ser un motivo que impida la recepción y trámite de la denuncia”, señaló Cecodap.

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