El acoso escolar ahora es un delito en Brasil. El pasado 15 de enero de 2024, luego de ser aprobada por el Congreso Nacional de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva promulgó una actualización al Código Penal que tipifica como crimen el acoso escolar y ciberacoso. La nueva legislación convierte a Brasil como la primera nación en América Latina en judicializar el fenómeno de la violencia escolar. 

“Intimidar sistemáticamente, de manera individual o grupal, mediante violencia física o psicológica, a una o más personas, de manera intencional y repetitiva, sin motivación evidente, mediante actos de intimidación, humillación o discriminación o acciones verbales, morales, sexuales, sociales, psicológicas, físicas, materiales, o virtuales: Pena – multa, si la conducta no constituye un delito más grave”, se lee en el artículo 146-A, del Código Penal brasileño. 

Para Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, tipificar el bullying o acoso escolar como un delito penal no es, necesariamente, una solución efectiva para abordar la violencia en las escuelas; en especial si la intención es buscar diferentes formas, más acertadas, de acompañar a los victimarios en los hechos. 

“Creo que el gran problema es saber cuándo el acoso constituye un delito, así como todo lo que implica la judicialización o la penalización del acoso escolar. Si ocurre en el contexto del acoso y tuvo como consecuencias lesiones, amenazas e inducción al suicidio; si constituyen delitos en los que están sancionados por la ley. Ahora, ¿penalizar el acoso escolar es una alternativa? Creo que hay que hacer el debate interno entendiendo que es una forma de violencia que causa daño”, sostuvo. 

Trapani considera que la penalización de los casos de acoso escolar debe reservarse para supuestos específicos graves, como casos en los que las personas resulten lesionadas o en los que se violenta el derecho a la vida, la salud o la integridad personal. “Sobre todo, que hayan agotado otros mecanismos. No puede ser la sanción penal el primer o el único recurso para sancionar este tipo de violencia”, sostuvo. 

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El fenómeno del acoso escolar en Brasil es estudiado desde el año 2000. Sin embargo, no fue hasta 2023 cuando dos hechos violentos ocurridos dentro de las escuelas marcaron a la población brasileña: los tiroteos escolares. Lo que se pensaba era un problema solo en los Estados Unidos y otros países europeos, tuvo un efecto réplica en Latinoamérica, como lo definió el gobierno de Brasil en un informe sobre el acoso escolar publicado en 2023. 

Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 23 de octubre de 2023, en la escuela pública Sapopemba, de Sao Paulo, cuando un alumno acabó con la vida de una estudiante de 17 años y dejó tres heridos. Unos meses antes, el 5 de abril de 2023, en la guardería privada Cantinho Bom Pastor en la ciudad de Blumenau (estado de Santa Catarina), unos 600 kilómetros al suroeste de São Paulo, un hombre de 25 años entró a la institución con un hacha. Asesinó a cuatro niños y niñas. Tenían entre 5 y 7 años. 

En 2015, el tercer volumen del informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), reveló que 17,5% de los alumnos entrevistados reportó que había sido víctima de bullying varias veces al mes. Un 9,3% dijo que otros estudiantes se burlan de ellos. Un porcentaje menor (3,2%) señaló que habían sido víctimas de una agresión física. Aunque parecen cifras menores, la OCDE destaca en el informe que «las escuelas con una alta prevalencia de acoso son aquellas en las que más del 10% de los estudiantes sufren acoso con frecuencia».

Las cifras más recientes aparecen en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2023. Sin embargo, hay que destacar que corresponden a datos recogidos por el Sistema de Evaluación de la Educación Básica de Brasil (SAEB) en 74.539 planteles durante 2021, cuando la mayoría de las escuelas no operaba totalmente de manera presencial debido al covid-19. El SAEB preguntó a los directores sobre la ocurrencia de situaciones violentas en sus instituciones. El 37,6% aseguró que sus estudiantes enfrentan problemas de acoso.

Trapani explicó que la incorporación del delito de acoso en la ley aprobada por Brasil  se enmarca en una acción mucho más integral de prevención de la violencia, en el contexto del abuso sexual. 

“En ese contexto se incorporó un delito específico de acoso escolar donde establece una sanción de multa y, en el caso de acoso a través de medios digitales establece una pena de prisión. Esta iniciativa puede marcar un precedente importante. Muy probablemente esa aprobación tendrá efecto en otros congresos o parlamentos”, detalló sobre el proceso legislativo de Brasil.

Enfatizó que la solución no sólo es legislativa, apenas es una parte del abordaje, pero requiere estrategias pedagógicas, mecanismos de prevención,  de monitoreo y diagnóstico de los espacios en lo que ocurre el acoso escolar. 

¿Y los victimarios? 

Hay tres actores clave en el bullying: las víctimas, los testigos y los victimarios. Para los docentes, padres, madres e incluso los abogados, abordar a los agresores en el acoso escolar parece ser un desafío no sólo legal,  también pedagógico. 

La falta de una legislación clara que oriente a los trabajadores del sistema de protección, así como a las escuelas, sobre cómo se constituye el acoso escolar y cuáles serían las sanciones, métodos de atención y formas de abordar a los agresores (también llamados “bullys”) implica desafíos para todos los involucrados en la protección de la niñez y adolescencia. 

Para Ángela Villafranca, abogada del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, el bullying es un problema multifactorial que necesita un abordaje multidisciplinario (desde pedagogos hasta abogados) para ejercer una protección efectiva a todos los involucrados, no solo para las víctimas. 

“Este tipo de violencia siempre va en escalada. No comienza con un hecho aislado. Al contrario, va aumentando la magnitud de la agresión durante el tiempo. Por eso cuando hablamos de acoso escolar enfatizamos que es una agresión sistemática y continuada en el tiempo, no solo una pelea o un mal comentario al aire”, detalló. 

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En Venezuela el acoso escolar no está catalogado como un delito. La falta de normativa especializada en el acoso escolar ocasiona que la atención de los casos no tenga una respuesta heterogénea. Para Villafranca, básicamente, cada colegio actúa de forma conveniente a sus intereses y experiencias. 

“En los colegios, los directivos y docentes muestran mucho miedo a atender los casos de acoso escolar, luego de que Tarek [William Saab, fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente] comenzó a imputarlos en este tipo de casos. Ante esto, la respuesta en las escuelas es llevar directamente los casos de agresión ante el sistema de protección, lo que hace que el conflicto escale rápidamente y no se tomen medidas adecuadas a la protección de los niños, niñas y adolescentes”, señaló. 

Villafranca explicó que en los colegios se prefiere referir los casos directamente al sistema de protección para evitar tener represalias legales o sanciones penales por “un mal manejo de la situación”. Aseguró que la ausencia de mecanismos internos para combatir la amenaza del acoso escolar hace que las situaciones lleguen a otra escala. “Allí comienzan los accidentes, los golpes e incluso, no en todos los casos, lesiones sumamente graves que pueden terminar con la vida de los niños, niñas o adolescentes”, agregó. 

La familia y la escuela tienen que trabajar juntas

Desde inicios del 2022, el fiscal general Tarek William Saab comenzó una campaña mediática sobre las acciones realizadas por el Ministerio Público para la sanción y prevención del acoso escolar. En una entrevista para la agencia francesa de noticias AFP (Agence France-Presse)  declaró: “Cuando tú sancionas tú previenes un delito. Cuando no hay impunidad, tú previenes”. 

En marzo de 2022, Saab divulgó en sus redes sociales el proyecto de Ley para la Convivencia Pacífica Escolar, que busca sancionar y tipificar el acoso escolar como un delito. Hasta la fecha el proyecto de ley no ha sido aprobado. 

Pese a que el bullying no está catalogado como crimen, las consecuencias sí pueden tener una naturaleza penal. Para Víctor Briceño, abogado del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, las secuelas del acoso escolar pueden tener efectos a largo plazo, incluso ser tan graves como las vistas en casos de maltrato físico o abuso sexual. 

“No veo necesario tipificar todo como un delito. Esto no va implicar que se detengan las agresiones. Se tiene que garantizar que no haya impunidad y que, efectivamente, sean sancionadas de forma adecuada sin que esto signifique una reducción de los derechos de los victimarios”, agregó. 

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Briceño es uno de los abogados encargados de atender los casos de acoso escolar que acuden al SAJ. En su experiencia, cuando se denuncia esta situación hay que indagar cuidadosamente: “Debemos preguntarnos si esta situación es reiterada, si el colegio tomó medidas, si los profesores estaban al tanto y, sobre todo, cuál es la situación en el salón de clases. Hemos visto cómo los colegios prefieren referir antes que actuar. Esto genera huecos en la atención”.

Una parte de estos “huecos” es la incertidumbre sobre cómo abordar a los victimarios. “En los colegios, cuando se  pregunta qué pasa con el niño o niña victimario, algunas veces [docentes o directivos] responden: ‘ese niño es un problema’, ‘no logramos hablar bien con los padres’ o ‘los padres no colaboran’. Incluso, llegan a sugerir que debido a las conexiones de la familia con terceros no pueden actuar ni sancionar al agresor. Esto es más lamentable aún”, señaló Briceño. 

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El problema se profundiza debido  al desconocimiento de programas y organizaciones con capacidad de atención: “Muchos padres aún ven con malos ojos los servicios de atención psicológica y pedagógica. Además, se le suma a las carencias de las instituciones educativas que no pueden dar el seguimiento requerido. Por lo que estos niños y niñas son vistos solo como antagonistas de las agresiones, sin ir más allá”.

Briceño enfatizó que los agresores y bullys buscan tener control sobre sus compañeros de clase para ejercer poder, con el fin, en muchos casos, de no ser perjudicados por otros. “Los agresores usualmente son víctimas de algún tipo de violencia, sea en su casa o en su comunidad, y la ven como un mecanismo de defensa”, apuntó Briceño.

Carlos Trapani explica que las deficiencias en los protocolos escolares también son parte del problema. «En las escuelas predomina la improvisación, el miedo, y la falta de claridad en términos de protocolos sobre el qué hacer y dónde acudir», menciona. La improvisación y la ausencia de estrategias pedagógicas a largo plazo hace que el problema perdure más tiempo. 

Para Trapani, la principal debilidad que tienen los centros educativos es la poca formación en la atención multidisciplinaria. “Poco se estudian de una forma sistemática y sostenida; y no existe dentro de la planificación escolar una estrategia consolidada durante todo el año escolar, lo que hemos identificado”, adelantó.

El otro gran impedimento interno es que no hay espacios de participación ni escucha de los niños, niñas y adolescentes. “Donde hemos visto más situaciones de acoso escolar son en los centros educativos que no tienen espacios de participación, esenciales para los niños y niñas,  sea víctima o agresor. Ellos no tienen a dónde acudir, para expresar sus dudas, preocupaciones”. 

En este sentido, el abogado advierte la urgencia de aplicar  “estrategias para poder involucrar, de una forma mucho más activa, a la familia. Papá, mamá, cuidadores tienen una responsabilidad primaria en ese acompañamiento al agresor. Tiene que hacer equipo con el centro educativo para poder transformar esa realidad”.