La violencia infantil se registra también en las cárceles y centro de detención preventiva de Venezuela. La denuncia de la muerte de un niño de un año de edad, dentro del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “penal de Tocorón”, despertó alertas en los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes, así como en organizaciones no gubernamentales del país.

Las visitas de los niños, niñas y adolescentes dentro de las cárceles del país presentan desafíos importantes, sobre todo, en la garantía de la protección dentro de las instituciones penitenciarias.

Como parte de un trabajo de documentación audiovisual, Una Ventana a la Libertad, realizó un reportaje audiovisual titulado “Peligros y desafíos: Niños y niñas que son llevados de visita a las cárceles en Venezuela”, para revelar la situación actual de las visitas familiares de las infancias dentro de los penales; el punto de partida fue le caso de un bebé asesinado dentro de la cárcel ocurrido el 14 de diciembre de 2022.

La madre del niño, Karelys Arcilla Montilla, de 27 años de edad, lo llevó al penal de Tocorón como acompañante a visitar a su pareja, Enrique Soto Colmenares, de 24 años, quien tenía 6 meses recluido por la comisión del delito de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Según datos de ULV, la madre del niño lo dejó bajo el cuidado de Soto Colmenares, dentro de la cárcel; pese a no ser el padre del infante.

“Arcilla llegó al penal con la intención de visitar a su pareja y celebrar el cumpleaños del infante, pero al darse cuenta que faltaban galletas y refrescos, dejó al bebé bajo el cuidado de Enrique. Al regresar a la cárcel, la mujer se percató que el niño estaba inconsciente y ensangrentado. El bebé fue llevado al centro de salud más cercano, pero ya no tenía signos vitales”, se lee en el comunicado de prensa.

La información compartida por el personal médico determinó que el bebé había sido golpeado y abusado sexualmente; adicionalemente, fue identificado como autor del hecho a Soto Colmenares. “La población penal tomó la justicia por sus propias manos y asesinó al victimario”, sostuvo UVL.

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Arcilla trató de ocultar lo sucedido alegando que el niño padecía de un cuadro respiratorio y tos. Fue detenida de inmediato e imputada por el delito de homicidio contra su hijo. “En mayo de 2023 el Tribunal 4to de Juicio del estado Aragua la condenó a 19 años y 8 meses de prisión  por su responsabilidad en el crimen”, se lee en la nota de prensa.

La pena la cumplirá dentro de la carcel de Tocorón, lugar donde falleció su hijo.

Derecho a la visitas

Las visitas de los niños, niñas y adolescentes a sus padres en centros penitenciarios del país, forma parte de un conjunto de derechos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), entre ello el derecho a la familia, sin violentar el interés superior del niño.

En el artículo 8, de la Lopnna, se establece el derecho a la visita familiar, puesto que reconoce el derecho de los niños y adolescentes a mantener el vínculo familiar, incluso cuando uno de los padres se encuentra en algunas de las cárceles del país. Se garantiza el acceso a las visitas, con el objetivo de preservar los lazos familiares y promover su estabilidad emocional.

Si bien, las visitas a los padres dentro de los penales debe ser garantizado, en el contexto de las visitas en cárceles, se debe evaluar cuidadosamente si estas visitas contribuyen al bienestar y desarrollo del niño, priorizando su integridad física, emocional y psicológica.

Para Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, se deben establecer protocolos y mecanismos que prevengan cualquier situación que pueda poner en riesgo su bienestar.

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Sobre los hechos de violencia comentidos dentro de las cárceles del país contra la población infantil, Trapani subrayó que debido a las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja, que atraviesa Venezuela desde 2014, se ha normalizado los hechos de violencia.

“Tenemos una sociedad profundamente herida. Tenemos un sistema de protección y servicios públicos muy comprometivos, por lo que se normaliza los hechos de violencia, sumada a una marcada impunidad. No se trata de solo atender el hecho violento, sino evitarlo”, agregó.

Enfatizó que: “Hay una tensión económica, hay una tensión familiar y hay una violencia que se cuela en las relaciones familiares y evidentemente eso tiene un impacto en los niños. Las familias han sido el acto social más olvidado de las políticas públicas y todo eso se traduce en más violencia”.

Para la trabajadora social, Angeyeimar Gil, ex Consejera de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes explicó que en la Lopnna se establece también el derecho de doble titularidad, es decir, “que el privado o privada de libertad tiene derecho a ver y mantener relación con sus hijos, demás familiares y viceversa”. Pero, los innumerables factores de riesgo no lo permiten.

“Todo esto debe ser un proceso supervisado por el Estado, pero lamentablemente no lo es. La entrada de los infantes a los penales depende de la persona que lo lleva, realmente no hay un proceso de solicitud de permisos”, dijo Gil.

La especialista dijo que la situación país ha afectado significativamente el funcionamiento de los Consejos de Protección, tanto, que en los actuales momentos se encuentran “debilitados”.

Protección dentro del penal.

UVL entrevistó a María Aldazoro, madre de un privado de libertad que se encuentra recluido en el Internado Judicial Rodeo II, estado Miranda, quien aseguró que la presencia de los niños y niñas en las cárceles venezolanas, cambia por completo el comportamiento de la población penal.

“Para los presos es muy importante la visita de sus hijos, por lo tanto, en ese momento tan especial no hay violencia ni comportamientos que comprometan la seguridad de los infantes”, dijo.

Según los reportes realizados por la organización no gubernamental, la protección de los niños, niñas y adolescentes pareciera estar vinculadas a los propios privados de libertad; sin embargo, autoridades dentro de distintos penales aseguran que , se mantienen las garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Una Ventana a la Libertad tuvo acceso al testimonio de un detenido que se encuentra recluido en el estado Zulia. Esta persona reconoció que tiene muchos años sin ver a sus hijos y que esa situación le afecta emocionalmente.

Jorge Luis Sará, Comisionado jefe de la Policía municipal de San Francisco, aseguró que en ese centro de detención preventiva, se toman medidas extremas para garantizar la seguridad de los niños cuando asisten a las visitas.

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El oficial informó que, por lo general, cuentan con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos religiosos para garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan compartir sanamente con sus padres o madres privados de libertad.

El abuso sexual ha cobrado porcentajes muy preocupantes en Venezuela, de hecho, el pasado 7 de junio de 2023 el Ministerio Público informó que entre enero de 2022 y mayo de 2023 se registraron 7.165 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

“2.317 personas han sido imputadas por los delitos de abuso sexual contra niños y niñas, 2.915 fueron acusadas y 1.355 han sido condenadas por hechos de esta naturaleza”, se lee en el documento.